Es difícil encontrar individuos o grupos sociales que estén satisfechos con el modo como son gobernados. Esto es una constante entre diversos países o incluso entre regiones o clases sociales dentro del propio país. Y si esto es tan extendido, se pregunta uno por qué no se le da solución.

La verdad es que, en el fondo, los diferentes sistemas de Gobierno tienen algunos puntos en común que, desgraciadamente, no se discuten. Tal vez uno de los más relevantes es la suposición de que los gobernantes representan la voluntad de la población. Y esto se da tanto en las democracias como las dictaduras. El modo como se consulta a la voluntad popular es diferente pero siempre se hace al menos un remedo de medición sobre la representatividad de los gobernantes. Pueden ser elecciones, más o menos limpias, más o menos amañadas. Puede ser que el gobernante haga asambleas multitudinarias, generalmente de larguísima duración, con una especie de consulta a mano alzada o mediante la fuerza de los asistentes aclamando al gobernante. O mediante la votación en el comité central de un partido único. Puede ser que el gobernante diga representar la voluntad de la sociedad, de la manera como él la observa y la interpreta. O, como en las monarquías basadas en el derecho divino, se supone que el gobernante es iluminado por Dios para actuar de la manera que mejor representa Su voluntad y el mayor bien de los gobernados. De un modo u de otro, todos los gobernantes tratan de legitimarse como los auténticos representantes de la sociedad o, por lo menos, de la mayoría de esta.

Pero el punto de vista de los gobernados casi seguramente difiere de esa situación. Pregúntese a sí mismo, pregunte a personas en su medio si de veras consideran que nuestros gobernantes realmente nos representan. O, por lo menos, si son representativos de la sociedad. En la inmensa mayoría de las veces reconoceremos que no estamos satisfechos por el modo como nos representan. Y, por supuesto, es muy difícil que los consideremos representativos de nosotros. Si los que nos gobernarán fueran verdaderamente típicos del ciudadano promedio, tendrían un nivel de estudios de secundaria o preparatoria, con calidad mediocre, con carencias alimentarias, al menos entre varias generaciones de sus ancestros, con un trabajo de subordinado. Y la verdad es que así no son nuestros gobernantes. Y algunos dirían que no deberían de ser así: esperamos de nuestros gobernantes que sean mejores que nosotros mismos.

La sociedad ha abdicado de su potestad de autogobernarse. Aceptamos a regañadientes a gobernantes que representan el menor de los males, pero no necesariamente al que representa lo que a nosotros nos parece la situación óptima. Y al abdicar de este poder, nos hemos vuelto a cada vez más omisos, más ignorantes de las situaciones públicas. Ya nadie cuestiona esta situación. Nos parece que lo normal es que nos dejemos gobernar.

No, no se trata de pedir la anarquía. No se trata de aceptar la creencia de que el pueblo bueno podía hacer las cosas mejor si no tuviera gobernantes, porque los gobiernos corrompen a la gente. Se trata, eso sí, de limitar el poder tan grande que hemos otorgado a quienes gobiernan. Tal vez por desconocimiento o tal vez por pereza, pero el hecho es que cada vez dejamos más temas en manos del Gobierno, y los gobernantes buscan modificar las leyes de tal manera que tengan poco o ningún contrapeso. Muchos temas que podríamos manejar sin intervención del régimen se dejan en sus manos. Y la verdad es que podríamos crear organismos intermedios que se hicieran cargo de labores que hoy dejamos en manos del Gobierno. Por ejemplo, la mediación en temas de litigios mercantiles, que no tendría por qué llegar al sistema judicial y se podrían solucionar mucho más rápidamente y a menor costo. La definición de los programas de educación, que podrían dejarse en manos de padres de familia y especialistas en educación en lugar de crear organismos de gobierno. La vigilancia de los gastos gubernamentales mediante mecanismos de la sociedad civil, en vez de confiarla al propio Gobierno que siempre será juez y parte. Y probablemente muchos más.

Si logra romper este criterio viciado de dejar que cada vez el Gobierno intervenga más en nuestras vidas, si asumimos cada vez más responsabilidad en la sociedad, seguramente empezaremos a encontrar nuevos campos donde podríamos dejar de tener participación gubernamental y podríamos crear organismos de la sociedad para hacerse cargo de esos temas.

¿Qué no es fácil? Seguro. ¿Qué es costoso? Depende. La sociedad civil podría crear mecanismos simples y eficaces que pudieran reducir el tiempo y costo de los trámites y manejos que hoy llevan a cabo los organismos de Gobierno. Pero, sin duda alguna, si tendría otro costo, uno muy importante. El costo de dar parte de nuestro tiempo a la Sociedad. Un costo que muchos no están dispuestos a asumir. Finalmente, el costo del sistema actual se mide en dinero, en el dinero de nuestros impuestos. Pero no mucho en términos de nuestro tiempo. Nuestros deberes cívicos nos consumen tal vez unas cuantas horas para enterarnos de las distintas opciones por las que podemos votar y algunos minutos de espera para emitir nuestro voto. Y aun de eso nos quejamos y lo presentamos como si fuera el gran logro cívico.

Mientras no nos decidamos hacer el gasto de nuestro tiempo personal para asumir labores que la sociedad puede llevar a cabo, no tenemos solución para muchos de los problemas que nos tienen descontentos con el modo que somos gobernados.

@mazapereda

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Antonio Maza Pereda es miembro del Consejo Editoiral de SIGNIS México